Más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada, 2 mil casos de tortura y tratos crueles e inhumanos y 210 agresiones contra defensores de derechos humanos son algunos de los saldos de la “guerra” contra el narcotráfico denunciados ante la CNDH, revela en entrevista con Contralínea el presidente de esa comisión. A pesar de que el organismo autónomo ha emitido diversas recomendaciones sobre asesinatos atribuibles a servidores públicos, el ombudsman se resiste a definirlos como ejecuciones extrajudiciales. Raúl Plascencia asegura que en el origen del incremento de las violaciones a los derechos humanos durante este sexenio está la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin estar preparadas ni facultadas para ello; también, el aumento de la impunidad y la falta de coordinación entre las instituciones de los tres niveles de gobierno
A finales de marzo de 2011, luego de concluir su recorrido por México, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que durante
el actual sexenio se habrían perpetrado al menos 3 mil desapariciones
forzadas; esto es 300 por ciento más que las ocurridas durante 25 años
de la Guerra Sucia.
Transcurrido un año y medio de aquel anuncio, Raúl Plascencia
Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), reconoce que este número “está un poco corto”.
En entrevista con Contralínea, revela que el organismo a su
cargo tiene más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada,
mismos que se encuentran en etapa de integración para determinar a los
responsables: agentes del Estado, delincuentes o estos últimos “actuando
con la anuencia o complacencia de servidores públicos”.
Por lo pronto, la CNDH conoce de 408 casos que datan de 2007 a la
fecha y que comprenden a 660 víctimas, en los que hay una “línea clara
de involucramiento de autoridades federales”. Las entidades con más
incidencia son Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Veracruz,
Tabasco y Durango.
Plascencia
Villanueva explica que esto es reflejo del aumento exponencial de las
violaciones a los derechos humanos durante el mandato de Felipe Calderón
Hinojosa. Por ejemplo, mientras en 2006 obraban en los archivos del
organismo autónomo cinco o seis quejas por tortura o tratos crueles e
inhumanos, en 2011 la cifra se disparó a 2 mil. Lo mismo ocurrió con las
desapariciones forzadas, puesto que en 2006 “se contaban con los
dedos”, asegura.
A decir del ombudsman, en el origen de este incremento está
“la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
pública, sin estar preparadas, sin estar facultadas constitucionalmente,
sin tener un marco jurídico adecuado para ello”.
También está la carencia de controles adecuados de supervisión de
los servidores públicos autorizados para ejercer la fuerza del Estado,
particularmente de los policías; el aumento en los niveles de impunidad,
que invita a los delincuentes a seguir con sus conductas contrarias a
la sociedad y a los “malos” servidores públicos a actuar al margen de la
ley; así como la falta de comunicación y coordinación entre las
instituciones públicas.
Ejemplo de lo anterior es el ataque de policías federales a una
camioneta con placas de la embajada estadunidense, en la que viajaban
agentes de aquel país y un capitán de la Secretaría de Marina, ocurrido
el pasado 24 de agosto en Tres Marías, Morelos.
—Cuando se presentan casos como éstos es importante que la
respuesta de la justicia sea inmediata para que a la sociedad en general
le quede muy en claro que se trata de comportamientos indebidos,
prohibidos. Han transcurrido ya días y no sucede absolutamente nada
–dice Plascencia Villanueva.
Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa, promoción
y difusión de los derechos humanos, como el Comité Cerezo México, han
advertido que en la raíz del incremento de violaciones a los derechos
humanos durante este sexenio está una política sistemática de Estado, a
la que denominan “guerra contra el pueblo”.
Para Raúl Plascencia, se trata, en cambio, de una “tendencia de
algunos servidores públicos, no de todos, por rechazar recomendaciones,
por resucitar prácticas que parecían ya olvidadas en el Estado
mexicano”.
Apunta que, en orden de quejas, son los elementos de la Policía
Federal, el Ejército y la Armada quienes más atentan contra los derechos
humanos.
En la recta final de este sexenio, el Comité Cerezo hizo público el Informe de violaciones a los derechos humanos en México. Las víctimas del proceso de configuración de un Estado terrorista.
En éste se documentan 353 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas, agresiones contra defensores de derechos humanos y
encarcelamientos de personas a causa de la manifestación de sus ideas
políticas, cometidas entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de mayo de
2012.
El título de su informe alude a la política de seguridad encabezada
por Felipe Calderón que evolucionó de “guerra” a “lucha contra la
delincuencia organizada”, en esencia, al “proceso a través del cual el
Estado se configura como un Estado terrorista, y éste se ha convertido
en el instrumento principal de una minoría para profundizar las
políticas económicas neoliberales en nuestro país para su beneficio y en
perjuicio del resto de la sociedad”.
Cuestionado al respecto, el titular de la CNDH pide “tener mucho
cuidado” al calificar al Estado en su conjunto de terrorista, pues en el
Estado estaríamos incluidos todos: el gobierno, los poderes Legislativo
y Judicial y la sociedad. De ser así, “de ninguna manera creo que
pudiéramos emitir un adjetivo de esas características”.
CNDH niega ejecuciones extrajudiciales
En su editorial del 23 de agosto pasado “México, espiral de la barbarie”, el diario francés Le Monde se refirió así a la “guerra” contra el narcotráfico del
presidente Felipe Calderón: “esta auténtica hecatombe constituye, y de
lejos, el conflicto más mortífero del planeta en los últimos años”.
La afirmación del diario surgió luego de que el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía hiciera públicas las cifras sobre el número
de homicidios perpetrados en territorio mexicano de 2007 a 2011: 95 mil
632.
Plascencia Villanueva dice que indudablemente “en lugar de existir
mayor protección a la vida, existe un mayor peligro de perder la vida
por factores muy distintos”. No obstante, llama a distinguir entre los
homicidios atribuibles al crimen organizado y los que ocurren como
consecuencia de peleas en cantinas, atropellamientos o situaciones en
donde una persona decide matar a un conocido.
Respecto de los crímenes cuya responsabilidad recae en funcionarios
del Estado, el también doctor en derecho manifiesta que la CNDH ha
emitido diversas recomendaciones que refieren el asesinato de “personas
que sin tener nada que ver con un operativo terminan perdiendo la vida”,
como consecuencia de “procederes inadecuados de [los] servidores
públicos”.
Es el caso de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio
Mercado, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (Monterrey, 2010); de los menores Brian y Martín Almanza
Salazar (Tamaulipas, 2010); de los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y
Ramón Pérez Román (Tabasco, 2010), y de Jorge Otilio Cantú Cantú
(Monterrey, 2011).
El ombudsman se resiste, sin embargo, a calificar a éstos y
otros hechos como ejecuciones extrajudiciales, pues “en la Comisión
hemos sido muy cautos en analizar y utilizar este calificativo, porque
la ejecución extrajudicial implica eliminar a una persona como parte de
una decisión de un servidor público y utilizando la fuerza del Estado”.
Por lo tanto, asegura que en los últimos años no “hemos encontrado
una acción de estas características, esto es en donde exista un plan
específico diseñado para privar de la vida a un individuo”.
En contraste, el Comité Cerezo México, que el pasado 1 de
septiembre recibió el Premio Alemán de la Paz de Aquisgrán por su lucha
en contra de la represión política y las detenciones arbitrarias, ha
documentado la ejecución extrajudicial de 70 activistas y defensores de
derechos humanos, de 2008 a mayo de 2012.
En su Informe de violaciones a los derechos humanos en México. Las víctimas del proceso de configuración de un Estado terrorista, alude 29 ejecuciones extrajudiciales consumadas de enero de 2011 a mayo de 2012.
Aclara que aunque éstas son “justificadas e invisibilizadas como
muertes producto de la lucha entre los cárteles de la droga por el
territorio”, se trata, en realidad, de crímenes cometidos por fuerzas
estatales (45 por ciento por paramilitares con la aquiescencia del
Estado y 14 por ciento por policías) motivados contra la defensa de
derechos humanos que desempeñaban las víctimas.
Advierte, asimismo, que esta práctica va en aumento. En 2009 y 2010
esta organización contabilizó un total de 15 ejecuciones
extrajudiciales; en 2011, 17; y de enero a mayo de 2012,12.
Presos políticos: “criminalización de la protesta social”
En materia de presos políticos (personas detenidas por romper el
marco jurídico al declarar, manifiestamente, la guerra al Estado) y de
conciencia (personas detenidas por participar en acciones en defensa de
los derechos humanos que se desarrollan dentro del marco legal), el
Comité Cerezo México ha documentado 970 casos en lo que va del sexenio
de Calderón.
En su informe más reciente, que comprende el periodo del 1 de enero
de 2011 al 31 de mayo de 2012, da cuenta de las detenciones de 158
luchadores sociales o defensores de derechos humanos. Éstas también van
al alza: en 2011 fueron 78 y en 2012 (hasta mayo), 80.
Sin brindar una cifra sobre esta problemática, el presidente de la
CNDH menciona que en algunas entidades, particularmente en Chiapas,
“hemos observado una dinámica de estas características”.
Tal es el caso de la coordinadora estatal Plan de Ayala, cuyos
líderes fueron detenidos y acusados de diversos delitos como
consecuencia de las movilizaciones que realizaban.
De hecho, asegura Plascencia Villanueva, la CNDH emitió una
recomendación con el objetivo de que “se puedan tomar medidas para
evitar estar criminalizando la protesta social ”;
también, envió un comunicado al gobierno de Chiapas en el que le
solicita revisar los procedimientos y garantizar un proceso justo a
“aquellas personas cuyo delito que se les atribuye es precisamente estar
afectando intereses del gobierno, cuando no hay otra justificación para
tenerlos en prisión”.
Cifras de la CNDH menores que las de organizaciones civiles
De acuerdo con la asociación civil Acción Urgente para Defensores
de los Derechos Humanos y el Comité Cerezo México, de 2008 a mayo de
2012 se han cometido 451 agresiones contra defensores de derechos humanos: amenazas, allanamientos, intervención de comunicaciones, daño a la propiedad, hostigamiento y criminalización.
Las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son
menores en 214 por ciento, a pesar de que comprenden un periodo más
amplio. A decir de Raúl Plascencia, de 2007 a la fecha, la CNDH
investiga 210 casos de defensores de derechos humanos que se vieron
agraviados “a partir de actos delincuenciales” o de servidores públicos.
El ombudsman refiere un caso de Baja California en el que una
defensora civil fue objeto de amenazas por parte del titular de una
corporación policial “a propósito de la acción que estaba llevando a
cabo”. También habla de Alejandro Solalinde, sacerdote católico, “cuyo
único delito es tratar de ayudar a los migrantes y a propósito de ello
ha recibido embestidas de la policía federal, de la delincuencia y de
otra serie de personas con el ánimo de contenerlo, de intimidarlo para
que [no] siga trabajando en la lucha por los migrantes”.
CNDH: una recomendación por desaparición forzada
Desde el inicio de la gestión de Calderón hasta mayo de 2012, la
Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada de Personas (integrada
por 63 organizaciones de derechos humanos y sociales a nivel nacional y
13 organizaciones internacionales) ha contabilizado la desaparición
forzada de 61 activistas y defensores de humanos.
Durante el mismo periodo, la CNDH sólo ha reconocido, a través de
la recomendación 7/2009, un caso de desaparición forzada de luchadores
sociales: el de Edmundo Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz
Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes
habrían sido detenidos-desaparecidos en mayo de 2007 en un operativo a
cargo de policías de Oaxaca y elementos del Ejército Mexicano (Contralínea 222).
—¿Por qué las cifras de la CNDH distan tanto de las que ofrecen las
organizaciones no gubernamentales? –se le pregunta a Raúl Plascencia.
—Quizá por la calificación que les están dando ellos. Por ejemplo,
el tema del EPR, en la recomendación de estos dos señores en ninguna
parte se hace referencia a un tema de contenido político, ni siquiera
antecedentes o filiación o ideología. Algunos actores, algunos
organismos gubernamentales prefieren no hacerlo. En la Comisión no
solemos hacerlo porque independientemente de la ideología, forma de
pensar o partido al que pertenezcan, nosotros tenemos que investigar las
cosas de la misma manera.
—¿Entonces, además de esta recomendación no tienen otras que refieran específicamente desapariciones de activistas?
—No recuerdo casos como el de Edmundo Amaya; no recuerdo algo
similar. Además se hubiera generado un escándalo nacional también, como
lo fue en su momento.
A casi dos años de la entrada en vigor de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas de la ONU, el Estado mexicano no ha reconocido
la competencia de su Comité, órgano encargado de su cumplimiento y de
recibir y examinar las comunicaciones de personas que alegaren ser
víctimas de violaciones a las disposiciones de dicho instrumento.
Al respecto, el titular de la CNDH dice que “estaremos ahí
dialogando con el nuevo gobierno federal con el objetivo de que puedan
eliminarse estas reservas”. Manifiesta, asimismo, la necesidad de abrir
la discusión en torno al delito de desaparición forzada. Ello, porque al
no estar legislado en la mayoría de las entidades es muy difícil de
acreditar.
—Mi punto de vista será tratar de influir de la mayor forma para
que se elimine la reserva a la Convención sobre desapariciones forzadas,
pero también que se pueda discutir en cuanto a la conveniencia de la
federalización de este delito, o bien, al menos, una ley general que
obligue a todos los estados a legislar en igualdad de circunstancias en
la materia.
—¿Qué recomendaciones haría al próximo presidente de México para que el Estado cumpla en materia de derechos humanos?
—La primera recomendación sería el que pudiera existir una
instrucción muy clara, directa, a todos los servidores públicos en el
sentido del deber que tienen de servir a la sociedad, cumpliendo con la
ley y evitando violar los derechos de las personas. En segundo lugar,
tiene que darse un proceso de capacitación, de educación muy intenso
para los servidores públicos del país.
“En la Comisión le apostamos a
poder prevenir las violaciones de los derechos humanos, y la mejor forma
de prevenirlas es si existe una capacitación, una educación que
propicie en el servidor público la conciencia de lo que está haciendo y,
por lo menos, cuando decida torcer la ley esté consciente de lo que
está haciendo.”
—¿Y la CNDH qué tiene que hacer para fortalece su labor?
—Bueno, estamos haciéndolo. Sobre todo, buscando hacer realidad la
reforma de junio del año pasado, que es una reforma a la que califiqué
como la más importante desde 1917 en la materia. De tal manera que
tenemos los elementos adecuados, de momento, como para poder otorgarle
una mayor fuerza al trabajo.
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Fuente: Contralínea 305 / 7 de octubre de 2012
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