Por Guadalupe Lizárraga
MEXICO, DF.- Marisela Morales, titular
de la Procuraduría General de la República, parecería seguir un guión de
Televisa en la construcción de su carrera política al estilo de las
“estrellas”. Desde relaciones amorosas y alianzas en lo “oscurito”,
hasta informaciones filtradas de negociaciones con narcotraficantes,
marcan su trayectoria de trabajo en uno de los pilares para combatir el
crimen en México.
Disciplinada, en un momento clave para
ese país, como es el proceso de imposición de Enrique Peña Nieto,
impulsado principalmente por Televisa, Morales protege a esta empresa y
destaca nuevamente con parcialidades en la justicia al cerrar los ojos
ante los vínculos de este consorcio mediático con el narcotráfico. La
lealtad de Morales a Televisa, aún después de que las autoridades de
Nicaragua y Costa Rica apuntaran ineludiblemente sus investigaciones a
esta empresa, al parecer, busca recompensa en la siguiente
adminsitración.
Para comprender el papel estratégico que
ha jugado Morales en este proceso político, es necesario retroceder en
el tiempo y escarmenar en sus propios archivos personales. Sobretodo,
archivos específicos que dan cuenta de la calidad de su gestión al
frente de la oficina encargada de investigar y perseguir los delitos en
México. Mientras Televisa y los medios que la secundan se encargan de
fabricarle una "imagen" de condecoración internacional.
De la SIEDO a la cabeza
En marzo de 2011, Felipe Calderón y el
CEN del PAN, giraron instrucciones a la PGR para que realizara labores
de espionaje en conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA
2a Sección) y la Secretaría de la Marina (Unidad de Inteligencia Naval).
La orden incluía realizar búsquedas en las bases de datos de las
dependencias gubernamentales, sobre los antecedentes y trayectorias
delictivas de connotados priistas. El objetivo, según información
confidencial, era usarla con fines electorales e inducir mediáticamente
el voto a favor de los candidatos del PAN.
Para esa tarea, se removió a Arturo
Chávez Chávez, un abogado egresado del Tec de Monterrey, que había
recorrido varios cargos de la PGR en el estado de Chihuahua, dejando una
estela de feminicidios y otros crímenes sin resolver, hasta llegar a
ser arropado por Diego Fernández de Cevallos quien intervino con Felipe
Calderón para que lo nombraran titular de la Procuraduría de 2009 a
2011. Después de Chávez, se puso a Marisela Morales Ibañez como titular.
Y aquí los medios jugaron el papel asignado en el guión: destacaron el
hecho de que fuera mujer, como sugiriendo que por ello la corrupción
estaría descartada. Más tarde, la misma Morales se encargaría de dar la
respuesta a los mexicanos.
La funcionaria había mostrado su lealtad
al PAN en el sexenio de Vicente Fox, al prestarse a levantar sumario al
izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en 2005, para desaforarlo,
cuando era jefe de gobierno en el Distrito Federal. Se portó a la altura
de los intereses del sistema, y con ello quedó posicionada en el
sexenio de Felipe Calderón, con la responsabilidad clave, también, de la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO), dependencia encargada de las fuerzas policiales
contra el narcotráfico.
Desde ahí se reclutaron a 117 agentes,
presumiendo capacidad ética para evitar su corrupción. Sin embargo, con
el tiempo, se denunció que los exámenes de reclutamiento eran parte de
la simulación gubernamental y contrataban a los agentes por
recomendación directa, entre éstos policías presos que no teminaron de
cumplir condenas y fueron liberados para atender responsabilidades de
investigadores contra el crimen. “Con una llamada por teléfono pasan los
que quieren los jefes” llegó a denunciar un agente federal.
Entre los pendientes
Los feminicidios en Ciudad Juárez fue
otro conjunto de casos, ignorado con pruebas y evidencias para abrir
líneas de investigación que revelaban incluso participación de policías
federales y militares. Entre las evidencias ignoradas o destruidas
entregadas a la SIEDO, se encontraba un video de una masacre de 36
jovencitas en una casa de seguridad para prostitución, perpetrado a
principios de septiembre de 2010.
No obstante, pese la denuncia y búsqueda
de datos de las propias madres de las víctimas que se reunieron con la
entonces funcionaria responsable de SIEDO, los feminicidios no fueron
tampoco su prioridad ni por la evidente participación del crimen
organizado y autoridades públicas denunciadas con nombres y apellidos en nuestras investigaciones conjuntas con el periodista español Javier Juárez.
El video de la masacre de Juárez fue
realizado por un policía municipal, como parte de su trabajo, y subido
anónimamente a la red en esa fecha. Después fue retirado, y vuelto a
subir con el seudónimo de “chiquita69” hasta julio de 2012. Contiene
imágenes donde las jóvenes se están desangrando, acuchilladas y
balaceadas, nombres de las víctimas, colonias donde viven, el rostro de
policías que están en la escena del crimen, acercamiento del rostro de
las jóvenes y sus edades oscilan entre los 17 y 22 años. Nada de esto
fue registrado públicamente por la policía municipal ni investigado por
la SIEDO, comandada por Marisela Morales.
El video aún está en línea, y el Comité
de Madres de Juárez lo entregó con una grabación que dejaron
anónimamente en uno de sus celulares, con un fondo musical de cantos
gregorianos. La SIEDO recogió la evidencia, y a los meses, les dijo al
grupo de madres que "no era nada", que esa información "no era
fidedigna".
Morales, con un historial de casos sin
resolver, al igual que su predecesor, tomó posesión de la oficina de la
PGR el 31 de marzo de 2011 y fue premiada con visitas a Washington para
legitimar su nuevo cargo.
Avigaí Vargas Tirado, pareja sentimental de la porcuradora y su colaborador más cercano (vestido de militar). Foto: red
El equipo de confianza
El ascenso de Morales llevaba una
marcada consigna. Así que empezó a mover las piezas, especialmente las
que tenía más cerca. El primer apoyo del que echó mano fue de su propio
compañero sentimental, el Teniente Coronel Avigaí Vargas Tirado, con
quien procreó un hijo, pese a que era casado y tenía otra familia.
Vargas fue titular del Centro de
Planeación de Análisis para el Combate a la Delincuencia (CENAP), y
ayudó al entonces procurador Rafael Macedo de la Concha, a remover el
aparato de espionaje priista en el año 2000, para construir el panista.
De esta manera, se dio entrada a militares de la Segunda Sección
(Inteligencia militar) a la PGR, para vigilar a la oposición política
desde el nuevo centro de espionaje.
Avigaí Vargas Tirado tuvo el cargo de
Coordinador General de Información contra la Delincuencia y se mantuvo
ahí hasta abril de 2010. En ese periodo reclutó al expolicía federal
Rogelio Humberto Rodríguez Martínez (a) El Sicario o El Roger (quien
estuvo preso en el Penal de Topochico, por realizar cateos en Nuevo
León, sin orden de un juez en 2004).
Otro de sus agentes fue Omar Orozco
Sánchez, (exoficial de Inteligencia del CISEN) y su primo Hugo De la
Cuadra Sánchez, ambos llegaron con el actual Secretario de Seguridad
Pública de Puebla, Ardelio Vargas Fosado, ex Comisionado de la PFP y a
quien se le llegó a identificar como “el monstruo de Atenco”, por haber
sido el que ejecutó las órdenes de represión y atrocidades cometidas el 3
mayo de 2006 contra el movimiento campesino.
Una vez integrado el equipo, empezaron
los “trabajos especiales” para la nueva procuradora. Bajo el rubro de
“gastos de investigación”, según la fuente confidencial, se adquirieron
bienes y aparatos de espionaje utilizados para los intereses de Avigaí
Vargas Tirado. Incluso se adquirieron nuevos aparatos de escucha marca
NICE, que son portafolios con capacidad para escuchar hasta 200
teléfonos, celulares y fijos.
El trabajo específivo es intervenir
conversaciones y correos electrónicos para mandar la información a
Morales. Es así como la funcionaria, junto con Cuitláhuac Sánchez,
actual titular de SIEDO, judicializan la información, coaccionan a
testigos protegidos para que firmen declaraciones amañadas y así poder
consignar a quien SEDENA y Presidencia decidan, según la fuente.
Entre los casos que se han dado a
conocer mediáticamente es el del general Tomas Duahare Ángeles y tres
militares más, quienes por órdenes de Morales fueron consignados por
estar presuntamente vinculados con el crimen organizado, y fueron
arraigados sin prueba alguna.
Vargas en la PGR
El arribo de la procuradora representó
la oportunidad para Vargas Tirado de prolongar su estancia en la
Procuraduría. Y con personal de SEDENA le animó a crear un nuevo grupo
especial de espionaje y de negociación con los Zetas, quienes empezaron a
pagar mensualmente como informantes sobre cárteles rivales.
Vargas Tirado dirigió el fallido
operativo contra el narcotraficante Jorge Hank Rohn, en Tijuana, cuando
se le acusó de acopio de armas, y mandó a sus colaboradores Rodríguez
Martínez y Sánchez Orozco para coordinar dicho operativo con el testigo
protegido de nombre Gerardo, alias “El Pitufo”. Se trató de una
operación similar a la del 2008, bajo el nombre clave de “Operación
Primavera”, cuando detuvieron a uno de los integrantes clave de los
Zetas, de nombre Carlos Sotelo Luviano en Cuernavaca, Morelos, quien es
uno de los que paga por información a Vargas Tirado.
Rodríguez Martínez, El Roger, con ayuda
de gente de Tamaulipas vinculada a los Zetas, se encargó de recabar la
información del exgobernador Tomas Yarrington vinculado con el Cártel
del Golfo. Y se publicó en internet y en los medios el 1 de agosto de
2012, que según investigación de la SIEDO, Yarrington recibió más de
$8.5 millones de dólares para financiar su campaña hacia su gubernatura
en 1998. Entre los principales involucrados se encontraban Jesús Vega
Sánchez, el ex coordinador de campañas del PRI, quien fue denunciado de
reunirse con miembros del Cártel del Golfo y del Cártel de Juárez para
realizar los pagos acordados.
La PGR giró orden de aprehensión contra
Yarrington el 28 de agosto, por delitos contra la salud en su modalidad
de fomento. Por ahora el político se encuentra prófugo de la justicia en
México, con ficha roja ante la Interpol, mientras que en Estados Unidos
no ha sido acusado formalmente.
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